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Productores de economías regionales de CAME le presentaron a Sica propuestas para mejorar la competitividad

Una comitiva de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, le presentó al ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, propuestas estratégicas para la mejora de la competitividad de la agroindustria nacional ante el acuerdo Mercosur-UE. “Para que podamos ser competitivos necesitamos una reforma laboral, impositiva y financiera y que continúen las inversiones en logística”, destacó Díaz Beltrán.

El documento propone medidas para alcanzar previsibilidad y reglas de juego claras en torno a una nueva política laboral y social; un régimen tributario que aliente la generación de empleo; financiamiento para los productores Pyme a tasas razonables; el desarrollo de un mercado interno dinámico e inclusivo; la seguridad alimentaria como política pública para cumplir con el acuerdo Mercosur-UE; un plan de infraestructura y la sanción de la Ley Pyme 2.0 que contemple las asimetrías de la estructura productiva nacional, así como también la heterogeneidad regional.

Por su parte, Sica aseguró que “el acuerdo tiene un impacto inmediato porque estamos dando un salto de calidad institucional y porque baja la incertidumbre de los inversores”.

En ese sentido, Díaz Beltrán dijo: “El acuerdo es una gran oportunidad y un gran desafío. Tenemos que trabajar juntos para el desarrollo nacional”.

El objetivo es alcanzar el 30% del PBI mundial, lo que significa que nuestras Pymes podrán llegar a un mercado de 500 millones de habitantes, generando reglas claras, transparencia, previsibilidad y el acceso a una oferta diversa, de mayor calidad de productos a precios más competitivos para nuestras agroindustrias y consumidores.

A continuación, el documento completo con las propuestas presentadas por CAME.

 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA NACIONAL


En la actualidad, el gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos más diferenciados y/o con valor agregado, a fin de satisfacer las más altas exigencias de los consumidores.

Contamos con un territorio que puede producir alimentos en prácticamente todas sus latitudes. Según datos relevados por el Censo Nacional Agropecuario 2018, de las 236.601 explotaciones agropecuarias existentes, más del 60% corresponden a economías regionales.

Agregar valor en origen a los productos primarios supone adoptar una mirada integradora, promoviendo la sinergia entre campo e industria, socios estratégicos para el desarrollo argentino. Para ello, es imperioso contar con previsibilidad y reglas de juego claras.

En este sentido, hemos identificado una serie de aspectos que, entendemos, requieren especial atención como, por ejemplo, la sanción de una Ley Pyme 2.0 que contemple las asimetrías de la estructura productiva nacional, así como también la heterogeneidad regional. 

 

POLÍTICA LABORAL Y SOCIAL

a)   EMPLEO

  • Fomento al Primer Empleo: contemplar exenciones de contribuciones patronales para pymes que contraten a trabajadores de entre 18 y 24 años. Propuesta: 100% durante los primeros 12 meses, 60% en el segundo año, y 40% durante el tercero.
  • Dificultad para registrar trabajadores temporarios: sería importante poder simplificar el proceso de registración de los trabajadores temporarios rurales y reformular la metodología de liquidación de jornales.   Tareas como la poda, el raleo y la cosecha, demandan una gran cantidad de mano de obra temporaria. Los empleadores tienen la obligación de dar el alta cuando la persona se presenta a trabajar en la finca, observándose algunos inconvenientes como, por ejemplo:

1.Trabajadores que acuden al trabajo sin la documentación correspondiente para dar el alta, por lo que comienzan a trabajar bajo la promesa de presentarla al día siguiente; o trabajadores que acuden con documentación “dudosa o ilegible” y, al ser cargada en sistema, el alta es rechazada (con los riesgos que esto conlleva si llegase a haber una inspección).

2.Trabajadores que son perfectamente dados de alta, pero trabajan en la finca dos o tres días y luego se van a trabajar a otra. Sin embargo, el empleador desconoce esta situación, porque en época de cosecha es difícil controlar la asistencia. Pese a esto, los empleadores rurales están obligados a liquidar el jornal de cada uno de los trabajadores que están dados de alta, aunque no cosechen ni desempeñen sus tareas.

  • Modernización del Régimen Laboral: con respecto a la finalización del contrato laboral de los trabajadores temporarios, debería implementarse un sistema similar al de la Construcción, en el que una vez concluida la tarea se termina la relación laboral entre empleador y empleado.  
  • Plan Empalme: se observa que el llamado “empalme” –con el Programa Social- no se produce inmediatamente después de finalizada la relación laboral (baja ante AFIP). Gran parte de los beneficiarios de los planes temen “quedarse sin nada” mientras se produce este enlace, decidiendo no formar parte del Plan Empalme. Habría que agilizar el cruce de datos entre ANSES y AFIP, para que el empalme se produzca automáticamente. 
  • REPRO: herramienta importante para sostener el empleo en tiempos de crisis. Es necesario mantener actualizado el monto mensual desembolsado por ANSES, en función de los diversos ajustes salariales.  

b)   RIESGOS DEL TRABAJO

  • Industria del Juicio: la posibilidad de realizar reclamos por doble vía (ART y Justicia), perjudica seriamente a las pymes. El exceso de litigiosidad atenta contra el empleo y la inversión.   

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO

Debemos “dar el salto” desde un sistema tributario regresivo, que atenta contra el consumo y la producción, a otro de perfil social y productivista, que aliente la generación de empleo y el crecimiento sostenido. Para ello, el sector de Economías Regionales de CAME considera necesario:

  • Diferenciación de cargas impositivas: de acuerdo al tamaño de la empresa, privilegiando procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales.   
  • Ajuste impositivo por inflación para las pymes, hasta tramo 1. Contemplar en Ley Pyme 2.0.
  • Beneficios impositivos para la inversión (ej. amortización acelerada). Contemplar en Ley Pyme 2.0.
  • Ley Pyme: reglamentar su Artículo 11, para poder acceder a los beneficios impositivos que la norma otorga a las actividades identificadas como pertenecientes a una “economía regional”.  
  • Mínimo no Imponible (MNI): dado que el beneficio –previsto en el Decreto 128/2019- solo alcanzó a 47 actividades, quedando excluidos sectores fuertemente golpeados por la crisis, como el lácteo (solo se incluyó a los tambos) y el avícola, proponemos la extensión de la medida a otras actividades.
  • Costo energético: reducir los costos de energía eléctrica y gas en los que incurren las pymes agroindustriales, estableciendo en 10.5% la alícuota del IVA a aplicar sobre el costo final de cada servicio. Además, proponemos eliminar otros impuestos y/o recaudaciones de terceros, cargos ocultos que presentan las facturas de los servicios.
  • Combustibles: establecer mecanismos para reducir los impuestos a los combustibles para el transporte terrestre.
  • Derechos de Exportación: solicitamos su quita gradual, ante la falta de rentabilidad y competitividad de las economías regionales. 
  • Reintegros a la Exportación: respecto a la reducción de los reintegros y su impacto directo en la rentabilidad de las economías regionales, solicitamos contemplar una suba en las alícuotas.
  • Medida Anticíclica: crear un Fondo Anticíclico para las actividades productivas destinadas tanto a mercado interno como externo. El Fondo se utilizará, en el primer caso, cuando la producción se viera afectada por la caída de la demanda, o bien, de la oferta -por inclemencias climáticas-; mientras que, en el segundo caso, siempre y cuando los productos se vieran perjudicados por la oscilación de los precios internacionales, o por alguna medida que afectara la competitividad del producto exportable.
  • Rediseñar el esquema tributario, a fin de evitar la superposición de tasas y tributos en los tres niveles: municipal, provincial y nacional.
  • Ingresos Brutos: eliminar este impuesto distorsivo en los segmentos restantes.
  • Impuesto al Cheque: al no tener ganancias, es un costo impositivo. Por ello, solicitamos su suspensión.
  • Base tributaria: requerimos su ampliación para disminuir la presión fiscal, además de reducir los índices de evasión.  
  • Incentivos fiscales para aquellas empresas que cuenten con un Sello de Triple Impacto. Proponemos una reducción del 0.5% en los derechos o una mejora del 0.5% en los reintegros a la exportación. Contemplar en Ley Pyme 2.0.  

 

FINANCIAMIENTO

Con la cadena de pagos en problemas, los costos en alza y la caída en las ventas, los productores pyme necesitan financiamiento a tasas razonables.

  • Trabajar en una profunda reforma financiera, a fin de que el crédito esté al servicio del aparato productivo y no de la especulación.
  • Descuento de Cheques: herramienta de financiamiento clave para el sector productivo. Proponemos que el Banco Nación también brinde el beneficio anunciado en estos días por el Banco Provincia, el que duplicará la oferta de financiamiento para descuento de cheques a tasas blandas del 29% -hoy no disponible-. Por fuera de las tasas subsidiadas, descontar un cheque llega a costar hasta un 70%. 
  • Se requiere el desarrollo de instrumentos financieros, ágiles y a tasas razonables, que incentiven la reconversión de la matriz energética.
  • Factura de Crédito Electrónica: reducir el monto para las empresas de las economías regionales.
  • Apoyo crediticio y financiación a los proyectos de asistencia técnica o tecnológica en estudios de pre-factibilidad y factibilidad, en presentaciones de licitaciones internacionales.
  • Mantener vigentes las líneas de financiamiento[1] orientadas al fortalecimiento de las economías regionales y generar las condiciones necesarias para que éstas puedan invertir.

 

MERCADO INTERNO

El desarrollo de un mercado interno dinámico e inclusivo es un objetivo prioritario para las pymes agropecuarias dado que, como la mayoría de las pymes de otros sectores de la economía, son muy pocas las que están en condiciones de exportar.

  • Precio justo/de equilibrio: el productor pyme es el actor más vulnerable de la cadena de valor, donde existen eslabones que han concentrado poder y lo utilizan para fijar precios e incrementar sus márgenes de ganancia. Debería delinearse una política de “precio justo o de equilibrio” que ampare al productor.
  • Observatorios de Precios: en línea con la Ley de Defensa de la Competencia y a los fines de garantizar la transparencia de mercados, es menester garantizar el funcionamiento de Observatorios de Precios para mitigar y desalentar conductas anticompetitivas, sean incurridas ya sea por hipermercados y/o por proveedores.
  • Incentivar la producción y el consumo de productos con ingredientes naturales, lo que tendrá una incidencia importante y positiva en las producciones regionales.
  • Menos intermediarios: promover las iniciativas tendientes a disminuir y/o eliminar la intermediación comercial, como el Programa “El Mercado en tu Barrio”[2]. Es primordial lograr la transparencia en, por ejemplo, los Mercados Frutihortícolas.

 

MERCADO INTERNACIONAL  

  • Si la inocuidad de los alimentos es un requisito básico para acceder a mercados externos, la seguridad alimentaria debería consolidarse como política pública.
  • Tejer redes: una alternativa viable para lograr la internacionalización de las pymes es promover el desarrollo de redes y consorcios de pequeños exportadores, brindando el acompañamiento técnico necesario. Mediante su actuación conjunta o asociada, las pymes podrían lograr la economía de escala requerida, garantizándose un mayor volumen de producción y capacidad de comercialización. 
  • Diversificación de la oferta exportable: para poder abrir nuevos nichos de mercado debemos incrementar las exportaciones con valor agregado, lo que se traducirá en generación de empleos y mejoras en la calidad de vida de la población. El desarrollo tecnológico y la innovación son claves para el desarrollo de una agroindustria competitiva.
  • Resguardar un tipo de cambio competitivo para que las actividades productivas primarias sean rentables y sustentables en el tiempo.
  • Flexibilización del Mercosur: necesaria para poder negociar acuerdos bilaterales por fuera del Bloque, logrando la morigeración y/o eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias. 

 

INFRAESTRUCTURA

a)   PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO

  • Belgrano Cargas: fomentar la actividad ferroviaria de carga es fundamental para el desarrollo de las 

economías regionales[3].

  • Rutas y Caminos Rurales: el deterioro in crescendo de las rutas encarece los costos de traslado de productos, perjudicando a las producciones regionales. Es necesario profundizar la política de desarrollo y modernización de rutas, tanto nacionales como provinciales.
  • Hidrovía: muchas regiones del país dependen de las inversiones en la hidrovía. El avance en obras de infraestructura en los canales de navegación es un punto clave, ya que el desarrollo del transporte fluvial no sólo rompería el aislamiento de regiones enteras, sino también podría reducir los costos logísticos, logrando productos primarios más competitivos. 
  • Puertos Secos: promover la creación de estas terminales intermodales para lograr una mayor rentabilidad y competitividad de las producciones regionales.

b)   FEDERALIZAR EL ACCESO A SERVICIOS

  • Conectividad: ante un campo cada vez más tecnificado, es necesario formular un Plan de Conectividad para zonas rurales, tendiente a federalizar el acceso a Internet[4].
  • Proponemos expandir la cobertura de servicios públicos en el interior profundo, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

 

MEDIO AMBIENTE

CAME busca acompañar a sus asociados en el proceso de incorporación de criterios de cuidado ambiental y responsabilidad social en la gestión de sus negocios, paradigma conocido como “triple impacto”.

En ese sentido, nos propusimos la creación del Sello “CAME Sustentable”, a fin de promover el desarrollo económico con aporte social y ambiental en las comunidades donde las pymes agroalimentarias[5] despliegan sus actividades.

Para que las economías regionales puedan adoptar un nuevo paradigma ambiental, proponemos:

  • Asesoramiento y capacitación en Buenos Prácticas Agrícolas (BPA).
  • Promover la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.
  • Planificación territorial y uso racional del suelo, a través de la rotación de cultivos.
  • Incentivos fiscales para aquellas empresas que cuenten con un Sello de Triple Impacto.

 

LEY PYME 2.0

  • Beneficios concretos en base a segmentación: para contemplar las asimetrías que tienen las pymes a lo

largo y ancho del país, proponemos 3 criterios:

a) Categorización Pyme: no es lo mismo una micro o pequeña empresa que una mediana, tramo 1 o 2.

b) Sector: una industria difiere de una producción primaria.

c) Ubicación geográfica: una industria en CABA no es igual que una ubicada en Misiones. 

  • Capítulo Especial para las Economías Regionales: trabajar en un capítulo especial para las producciones regionales dentro de la Ley Pyme 2.0, partiendo de una definición unívoca de economías regionales, entendidas como “Aquellas actividades del sector agroindustrial – cultivos no tradicionales- cuyo sistema de producción, elaboración e industrialización se desarrolla en determinadas zonas o regiones geográficas y tiene relación directa con los empresarios PYMES agroindustriales, adquiere una alta incidencia en la economía de la región en la que se desenvuelve y, por lo general, requiere de la contratación de mano de obra intensiva”.
  • Algunas Medidas para la Reactivación de las Pymes: régimen de regularización impositiva pyme para todos los estamentos del Estado; ajuste por inflación impositivo; adecuación del financiamiento a las reales necesidades de las pymes; mínimo no imponible para otros sectores; incentivos a la generación de empleo; beneficios impositivos para las inversiones; revisión de tarifas para cultivos intensivos; y compensación de impuestos en todos los niveles, entre otras.

 

[1] Ej.: Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) y la Línea 700 “Carlos Pellegrini” del Banco Nación. 

[2] Una buena iniciativa que se está intentando replicar en Chile: las AMAP (Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina) de Francia. Consiste en conectar a un grupo de consumidores con, al menos, un agricultor, para proponer una asociación sostenible. El consumidor se beneficia con la compra de productores locales, a un precio justo; mientras que el agricultor tiene la garantía de vender su producción de forma anticipada, pudiendo contar con un ingreso regular. 

[3] Un estudio elaborado por la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), reveló que por año podrían ahorrarse 70 millones de dólares por cada punto porcentual que ganara el ferrocarril frente a los demás transportes utilizados y que un tren de carga con cien vagones es capaz de reemplazar a cien camiones en la ruta, reduciendo los costos a la mitad.

[4] Según datos relevados en 2018 por una encuesta del Programa Cambio Rural, el 54% de los productores no posee acceso a Internet, mientras que un 35% accede desde un dispositivo móvil y un 11%, por banda ancha.

[5] En una primera instancia, trabajaremos con el sector agroalimentario; para luego extendernos a otros sectores de la economía.

 

 

 SICA Y COMITIVA

Comitiva de Economías Regionales de CAME junto al ministro Sica

 

 

En representación de CAME, también participaron de la audiencia: Eduardo Rodríguez, Economías Regionales CAME; Sebastián Hernández y Juan Oller, Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Ariel Panozzo Galmarello y Alberto Grigolatto, Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER); Alberto Carleti, Federación Económica de Mendoza (FEM); Eduardo Garcés, Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan; Patricia Calderón, Federación Olivícola Argentina (FOA); Pedro Pascuttini, Cámara del Tabaco de Jujuy; Mario Hernán González, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA); Luis Beltramino, Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (CAPROLEC); Pablo Villano, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL); Ricardo Parra, Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO); Alejandro Lamacchia, Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA); Luis Mancini, Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Daniel Filigoi, Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA); Natalio Iglesias, Asociación de Productores de Legumbres del NOA; Guillermo Beckmann, Sociedad de Quinteros de Santa Fe; Miguel Del Guercio, Cooperativa de Quinteros de Santa Fe Ltda., y Pablo Vernengo, Economías Regionales CAME.

 

Fuente: CAME

 

 

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