Este jueves 26 de diciembre, el intendente Pablo Javkin hizo públicas una serie de acciones que se llevaron adelante a partir de presuntos delitos y una serie de irregularidades detectadas en los corralones municipales, donde son derivados los autos y motos remitidos por distintas faltas. A partir de ello, el mandatario local firmó un decreto de intervención del corralón, la separación de los cargos correspondientes de las personas involucradas, y la radicación de una denuncia penal para la investigación de diversos delitos, entre ellos el de asociación ilícita. “Lo que se hacía, y este era el proceder por lo menos en algunos casos, era hacer figurar como compactados vehículos que no se compactaban. Es decir, se incluía el vehículo en el listado de compactación, pero el vehículo no se compactaba. Y en una segunda intervención que hicimos, in situ, encontramos vehículos, en este caso vehículos que estaban en el corralón, separados, apilados, cuatro motos por ejemplo, un vehículo, prácticamente como si fuera una concesionaria para la entrega, y esos vehículos figuraban en la compactación”, detalló Javkin durante una conferencia de prensa en la que expuso detalles de la intervención del Ejecutivo a raíz de los hechos. Es importante remarcar que a partir de un decreto firmado por el propio intendente el 13 de agosto de este año, en el que se facultaba a la Agencia Antilavado a analizar los vehículos que iban a compactación, principalmente aquellos con menos de 5 años de antigüedad o catalogados por ARCA (ex AFIP) como 'alta gama', se inició un proceso de revisión más exhaustivo de los rodados que eran confiscados y nadie reclamaba. “Quiero que se entienda que el haber tomado la disposición de suspender las compactaciones, precisamente de vehículos de alta gama, que lo hicimos pensando sobre todo en investigaciones más complejas sobre narcotráfico y Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), hace saltar esta situación, que era precisamente la de la venta de vehículos que se manifestaban como compactación”, explicó el intendente, acompañado por los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale, y de Control y Convivencia, Diego Herrera; por el subsecretario de Control y Convivencia, Ezequiel Brocchi, y por la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti. A partir de dicha revisión de vehículos, a comienzos de septiembre se presentó una persona, denunciando que había adquirido un Chevrolet Cruze y que nunca había sido entregado. Como consecuencia de ello, una gestora interviniente realizó una denuncia en la cual una serie de personas comercializaban vehículos que supuestamente iban a ser compactados, los 'liberaban' de multas y adulteraban los papeles de transferencia para luego ser entregados. “Hemos tomado decisiones administrativas en el corralón municipal, hemos iniciado en la esfera administrativa los sumarios correspondientes contra los responsables, y en el mes de septiembre iniciamos una denuncia penal con la Fiscalía. Y esperamos haya avances e incluso imputaciones”, remarcó el jefe municipal. Además, detalló: “Había maniobras entre empleados del corralón y gestores que ofrecían estos autos, y en muchos casos los entregaban; se ponían a compactación, pero no se compactaban; un juez otorgaba el libre multa, y con el libre multa la liberación del coche, y se falsificaban todos los datos relativos al coche, en relación a lo que compete a la liberación municipal. Y luego se entregaba. Estamos muy convencidos de que estamos frente a la punta de un iceberg”. En el marco de la intervención se relevaron todos los vehículos de los distintos espacios (Corralón Oeste y Corralón Moreno). De ese relevamiento se destectó un auto y cuatro motos de alta cilindrada que en el sistema figuraban como compactadas o 'egresadas', pero físicamente se encontraban en el lugar. También otras 69 inconsistencias entre vehículos registrados, vehículos liberados y vehículos en el lugar. En concreto, ante esta situación se iniciaron dos sumarios administrativos a las personas denunciadas de forma directa, entre las cuales se encuentra un ex juez de faltas y director de tránsito; se trasladó la dependencia de los corralones a la Secretaría de Control, se separó a todos los posibles involucrados y se espera que avance la denuncia penal por el delito de falsificación de documentos tipificado en el art. 292 CP, otras defraudaciones con potencial implicancia de agentes del estado, uso de documento falso del art. 296 CP y el delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 CP, sin perjuicio de las eventuales repercusiones jurídico penales que puedan tener los hechos relatados y los que surjan de la investigación con relación a un posible menoscabo del erario público. “Queremos llamar a la ciudadanía, a que quienes tengan conocimiento de hechos similares, que así lo manifiesten. Por supuesto que en estos casos quien compra de algún modo lo hace a un precio irrisorio pero, por supuesto, queda fuera de toda investigación penal. Y queremos y pedimos a la ciudadanía que cualquiera que tenga un dato al respecto colabore con nosotros y nos lo haga saber por cualquiera de las vías que el municipio tiene”, concluyó Javkin.