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Uber. Una desregulación que solo traerá precarización laboral y destruirá al servicio público de pasajeros.

El referente del Frente de Profesionales del Partido Progreso Social, Alejandro Caniglia sostiene que la irrupción de UBER precarizará las condiciones laborales de los choferes.

En los últimos días, a raíz de una iniciativa de la actual concejal radicalMaría Eugenia Schmuckempezó a debatirse el posible desembarco de la aplicación Uber en Rosario.
Sin embargo, vale destacar que, desde hace tiempo, la red se encuentra bloqueada por la Justicia en Capital Federal, lo cual generó que la misma se desarrolle de manera ilegal, con conflicto entre taxistas y conductores que utilizarían la aplicación.

Pero primero vamos a explicar ¿Qué es Uber?

Uber es una aplicación móvil que conecta directamente a los pasajeros con chóferes particulares (pueden inscribirse vía on line). El servicio aprovecha las funciones de geolocalización, conectividad y GPS del Smartphone para hacer la conexión.
Al indicar el punto de partida y llegada, el pasajero puede conocer el costo estimado y, si decide tomar el viaje, el sistema le asigna el conductor más cercano.
Uber no requiere el manejo de dinero en efectivo, ya que el pasajero abona el viaje mediante una tarjeta de crédito que ingresó previamente en la aplicación al registrarse. Las tarifas suelen ser más bajas que las de un taxi convencional. Al funcionar en los márgenes de la ley, genera controversia en cada lugar donde comienza a operar.

Pero antes de seguir avanzando debemos realizar algunas aclaraciones:

Uber tiene una finalidad lucrativa, actuando como intermediario entre el potencial usuario y el vehículo que lo traslade, ya que recibe un porcentaje del viaje por parte del transportador.
Este costo se trasladará al pasajero, por lo que se descarta su gratuidad en su utilización.
Uber no es una compañía que se pueda adherir a la sociedad de la información, sino que opera dentro del sector del transporte y debe regirse por esas normas.

Esto significa que el servicio queda comprendido en las leyes que regulan tanto a nivel provincial como municipal el transporte de pasajeros; el mismo que encuadra a los servicios de taxis y remises. O sea, no es ilegal que Uber brinde una aplicación para el transporte, lo ilegal, lo que se encuentra prohibido, es que a través de esta aplicación se encubra un contrato de transporte oneroso.

De esta manera se violaría la garantía constitucional del artículo 16, que garantiza que todo ciudadano de la República Argentina tiene derecho a exigir igual trato en igualdad de condiciones (principio de igualdad ante la ley). Es decir, los choferes de Uber estarían en una situación de privilegio frente a remiseros y taxistas.
Los choferes de Uber no requerirán tener carnet especial de conducción, no deberán estar inscritos por la actividad económica que realizan, ni los titulares de los vehículos necesitarán solicitar la habilitación municipal para destinar sus vehículos a una actividad lucrativa.

Queda claro que esta aplicación sólo ingresa al servicio un elemento más moderno de comunicación, pero por ello no deja de ser un ofrecimiento de un servicio de intermediario entre la persona a transportar y el transportista.

Uber se encuentra vedado en varios países del Viejo Continente, aunque, como sucede en la Argentina, muchas veces sostiene su operación en algunas ciudades a pesar del mandato judicial o legislativo.

En Bulgaria, la Corte Suprema prohibió su funcionamiento en septiembre de 2015, acusándolo de prácticas anticompetitivas y dictaminó que, para operar, deberá registrarse como una compañía de taxis.

En Dinamarca, dejo de funcionar a tres años de su llegada a causa de una nueva ley que exigía a los servicios de transporte particulares, la implementación de un taxímetro en todos sus vehículos.

Aunque la prestación se relanzó en España en 2016, tras dos años de ausencia motivados por problemas regulatorios y quejas de taxistas, Barcelona recién le otorgó la autorización en marzo de este año, con la exigencia de cumplir las normas legales correspondientes.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, Uber arribo en noviembre de 2015, y el taxi en poco más de dos años cayó cerca del 50%, y las recaudaciones diarias que antes iban de $ 3.000 a $ 4.000, hoy van de $ 2.000 a $ 3.000. En el caso de los remises el golpe también fue drástico, la caída fue de un 30% o 40%.

La irrupción de las aplicaciones no solo ha afectado a taxis y remises, sino que el problema es aún mayor. “Esto mata a todos: a los taxis, a los remises, a los ómnibus, a los transportes escolares. Porque un Uber puede llevar niños de un lado al otro sin la presencia de un adulto; los taxis, en cambio, lo tienen prohibido. Se juntan cuatro o cinco padres y usan Uber, que les sale más barato” denuncia el presidente de la Gremial Única del Taxi de Montevideo, Óscar Dourado

Ante las críticas de los transportistas tradicionales, Uber ha alegado siempre, que, al ser una plataforma digital, que sirve como punto de contacto para conductores no profesionales y gente que quiere desplazarse, su actividad estaría amparada por la libre prestación de servicios de la que gozan las sociedades de la información y que por ello no requería contar con licencia para operar.

Sin embargo, queda claro que el objetivo principal de la compañía es ofrecer servicios de transporte. Y que poner en contacto a conductores y pasajeros es una actividad secundaria. Por lo tanto, si la misma quiere operar en nuestra ciudad, debe someterse a las mismas normas que el resto. En este caso en concreto, cumplir con los requisitos necesarios para disponer de las licencias y autorizaciones previstas.

En cuanto a las relaciones laborales, Uber sostiene que no existe relación laboral entre la empresa y el conductor socio, y que no hay forma de que exista, aun con la interpretación más amplia que se puede realizar de la ley de contrato de trabajo.

La vinculación jurídica que existe entre UBER y los Conductores Socios y entre UBER y los usuarios es la que surge de la aceptación de los términos y condiciones para poder utilizar la aplicación.

Es decir, se precarizan las condiciones laborales y al desregular el servicio, el Estado pierde la posibilidad de ejercer los controles que merecen y que son necesarios para el funcionamiento de todo servicio público.

Otro de los problemas que esconde el desconocimiento de las relaciones laborales, es que el Gobierno es quien tiene que asumir esos costos. Esto genera un problema en las cuentas del Estado, porque nuestros impuestos terminan financiando la seguridad social de unos trabajadores que podrían contribuir legalmente, pero que no lo hacen porque ese dinero se lo lleva Uber para el extranjero, para los paraísos fiscales.

La relación jurídica que existe entre los usuarios y los socios es un contrato de transporte conforme lo regulado en el artículo 1280 del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto del cual UBER es ajeno según lo alegado por la empresa, pese a que recibe un porcentaje que paga el usuario.

En síntesis, la irrupción de esta aplicación precarizará las condiciones laborales de los choferes, los cuales no contarán con aportes jubilatorios ni obra social, generando a su vez la destrucción de fuentes de trabajo genuinas y la destrucción del transporte público de pasajeros en su conjunto, con el agravante de que una empresa multinacional como Uber obtendrá ganancias millonarias que seguramente no serán reinvertidas en el país, contribuyendo así a la conocida fuga de capitales que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país.

 

Fuente: Prensa Partido Progreso Social 

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