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El abogado laboralista Jorge Elias y la reforma previsional

Foto: Algo en común
Foto: Algo en común

Una limosnita para los jubilados

El proyecto de modificación del régimen jubilatorio que tratará el congreso luego del fracaso de la semana pasada es parte del plan de “reformas” que apunta a imponer sacrificios a los sectores más débiles como condición para el progreso de la nación.

Así como en materia laboral el proyecto todavía pendiente apunta a reducir derechos de los trabajadores, los cambios que se proponen en el régimen previsional, lisa y llanamente buscan achicar los aumentos de los beneficios para jubilados y pensionados.

La fórmula actual de ajuste prevé aumentos en función de las variaciones en los sueldos y en la recaudación previsional, de modo que, cuanto más se recauda y más ganan los activos más suben las jubilaciones y pensiones, un mecanismo que busca ir mejorando –aunque sea de a poquito- los muy bajos haberes.

La propuesta del gobierno, al establecer un ajuste por inflación, condena a los jubilados –en el mejor de los casos- a cobrar siempre el mismo monto a valores reales, hasta el día de su muerte, sin esperanza alguna de mejora, como lo contempla el actual sistema si hay aumentos de sueldo o de recaudación. Pero además, la inflación que sufren los jubilados es más alta que la del resto de los ciudadanos, porque incluye artículos de primera necesidad –los que más suben- y poco o nada de artículos suntuarios, que son los que menos aumentan. Ello sin contar el mayor impacto del gasto en remedios y prestaciones de salud cuyos precios se fijan de modo monopólico.

El gobierno reconoce sin pudor, que esta modificación importará un ahorro de $120.000.000.000 en un año (es decir $120 mil millones), plata que dejarán de cobrar –y de gastar- los jubilados- achicando su ya muy baja capacidad de compra y disminuyendo el consumo en perjuicio del comercio y la industria.

Lo más notable es el apuro por la aprobación de la ley, que se presenta como una necesidad impostergable para evitar que el país reviente. Una verdadera confesión de ineptitud para administrar.

Gobernar es repartir, es decidir cuanto se le saca a uno y cuanto se le da a otro. Si en su desesperación, el gobierno sólo atina a bajar las jubilaciones –y después los sueldos, con la reforma laboral- está claro a quien elije para imponer los sacrificios supuestamente “patrióticos”. Mientras tanto ya bajó o eliminó las retenciones a exportación de granos y minerales y propone bajar el impuesto a las ganancias y los aportes patronales a las empresas. Se abandonan propuestas como la de implementar el impuesto a la herencia o gravar las rentas financieras, que ni este ni los gobiernos anteriores se animaron a encarar. Con los ricos no nos metemos parecer ser el mensaje.

Ahora, como argumento para tratar de que los legisladores se justifiquen ante su conciencia y sus votantes, se ofrece un bono compensatorio, por esta sola vez, de entre $350 y $700, menos de la mitad de lo que van a dejar de cobrar en marzo los pasivos. Suena cínico.

Los representantes del pueblo, y el pueblo mismo tienen la palabra.

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